Al aprobarse en primer debate la ley de expropiación en setiembre de 1975, Oduber para evitar ese desenlace, de manera intempestiva, en conjunto con el ITCO, el Servicio de Parques Nacionales y la “Osa” ejecutan (en octubre, durante el período de tercer debate), y al margen de la ley, un desproporcionado intercambio de tierras: Osa Forestal canjearía propiedades –ocupadas y con declaración de conflicto- con el Gobierno; a cambio se le entregaría dos territorios (Rancho Quemado y Cerro de Oro con ocupaciones campesinas), declarándolas por decreto (5342-A 1975) de manera irregular como reserva nacional, con intervención del ITCO.

Esta precipitada maniobra predispondría en ese mismo acto (24 de octubre 1975) la declaración de un parque nacional en los terrenos canjeados de la “Osa” con la finalidad última de justificar el veto (04 de diciembre de 1975) de la Ley 5.852; ley que pondría fin al control de la Osa Forestal en la Península. Con semejante intercambio de tierras y vidas (incumpliéndose la Ley 2.825 y la Ley Forestal 4.465) el Gobierno violó abiertamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el nefasto objetivo de proteger los intereses privados de una sociedad extranjera tan cuestionada como lo fue el caso “Robert Vesco”, protegido por el gobierno de Figueres Ferrer. Con el veto presidencial, se provoca la invisibilidad del histórico conflicto agrario, desapareciendo de la agenda y de la conciencia nacional la carga de responsabilidad política e institucional; tanto es así que desde el 4 de diciembre de 1975 el Gobierno de Oduber y el ITCO se resisten dar solución al conflicto, permitiendo al final de su Gobierno, contra las leyes y los derechos humanos –sin respetarse las disposiciones técnicas de la Ley Forestal 4.465-, la declaración de una reserva forestal (Decreto Ejecutivo 8494e-A 28 de abril 1978).

Objetivo de esa declaración: 

1. Proteger los proyectos madereros de la “Osa” y 

2. Cubrir la existencia del conflicto de ocupación precaria. 

“Osa Forestal canjearía propiedades –ocupadas y con declaración de conflicto- con el Gobierno; a cambio se le entregaría dos territorios (Rancho Quemado y Cerro de Oro con ocupaciones campesinas)”

Para 1979 otro intento de expropiación de la “Osa” es ejecutado por el Gobierno de Carazo Odio por medio del Decreto Ejecutivo No. 10088 G-H. Expropiación que por la vía legal era imposible ejecutar. Sus objetivos: 

1. Ocultar por cuarta vez el histórico conflicto agrario al establecer su considerando como interés público, solucionar el “problema de tanto campesino sin tierras” a nivel nacional (falsedad ideológica). Ese dispositivo no menciona absolutamente nada del entronizado conflicto agrario en las propiedades de la “Osa”. 

2. Sustracción de dineros públicos en el pago de varias fincas que mantenían serias irregularidades; la finca 8.947 estaba refundida desde 1976 por reunión de varias fincas de la “Osa” entre ellas: la 22.034 (cerro de Oro) y la 22.036 (Rancho Quemado), conteniendo las dos matrículas en su tracto un segundo asiento extemporáneo (Decreto Ejecutivo 6953 - 1977), donde se fraguó un fraude (extra-registral y registral) para eliminar la existencia y derechos posesorios de los campesinos en los terrenos permutados, utilizándose la declaración del Parque Nacional Corcovado como tapadera para proteger los poderosos intereses de la multinacional Osa Forestal.

Estas irregularidades eran tan evidentes y notorias para los duchos funcionarios públicos responsables (Estado, Procuraduría General de la República, Registro Público e ITCO) que la escritura compraventa No. 40 (16 horas del 12 de julio 1979) (documento de cita 320 - 12514) no se inscribió en 1979 sino hasta el 2009 a nombre del Estado. Pero en 1980, sin estar inscritas las fincas expropiadas (8947, 22046 y 22048) el Registro las “reúne” en contra de las leyes originando el Folio Real 39334-000 o "Asentamiento Campesino Osa" sin tracto sucesivo. Estos atroces delitos siguen bajo el oscuro manto de la impunidad, sin ser ampliamente conocidos ante la opinión pública y las autoridades del Estado costarricense. Mientras eso sucedió, un día como hoy, el Estado sigue empeñado en desalojar y despojar –con el pretexto de una afectación de la espuria Reserva Forestal Golfo Dulce- a cientos de familias, privándolas del derecho a titular sus tierras, utilizando además irónicamente la fraudulenta expropiación para lograr el desalojo, sin percatarse el Estado que desde 1948 se han violentado los derechos humanos en la península de Osa.

Relatoría del Presidente de la Asociación de Agricultores para la Defensa y Reivindicación de Tierras, Agridet, don Ricardo Madrigal Madrigal. Hoy por hoy don Ricardo ha escrito un libro con todos los detalles de esta historia, dejando rastro a las generaciones presentes y futuras, de la verdad ocultan entre bosques y humedales de este paraíso perdido. En su libro Osa Forestal, Una Vergüenza del Estado Costarricense, el autor desenmascara y denuncia mediante un concurso probatorio inigualable digno de un museo de historia, las verdades que hasta hoy, el Estado, sus poderes y la política tradicionalista todavía evade y evita a capa y espada.

“el Registro las "reúne" en contra de las leyes originando el Folio Real 39334-000 o Asentamiento Campesino Osa sin tracto sucesivo. Estos atroces delitos siguen bajo el oscuro manto de la impunidad”

Recordar la memoria de Carlos Villalobos, quien en vida fue un emprendedor del turismo comunitario apasionado, es hacer honra de muchos habitantes que como él son y siempre serán los legítimos dueños de sus tierras, que a pesar de haber sido insultados por el INDER y el Estado con el calificativo de "ocupantes" como si de una silla se tratara, el lugar donde han desarrollado su vida y protegido por años los densos y abundantes bosques, siguen día a día enseñándonos con amor como subsistir en lo más remoto de la naturaleza y coexistir en paz. Villalobos era el orgulloso propietario del proyecto Laguna Chocuaco, ubicado en el pequeño pueblo de Rancho Quemado, Costa Rica, una comunidad de aproximadamente 300 personas. Carlos, junto con sus hermanos, construyó un albergue y ofreció tours inolvidables, desde excursiones en canoa de medio día hasta inmersivas caminatas de cuatro días por la jungla. Su pasión y dedicación brillaban en cada aspecto de su negocio. Tristemente, Carlos fue asesinado mientras defendía su tierra y propiedad. Esta trágica pérdida pone de manifiesto los riesgos que enfrentan muchos que luchan por proteger sus medios de vida y su patrimonio.

Apareció en un documental, 2.5% - La Península de Osa, mostrando sus increíbles excursiones en canoa y el espíritu de su comunidad. Su tour también fue parte de un viaje especial a la Península de Osa en diciembre de 2018. El recuerdo de su dedicación al ecoturismo y a su comunidad permanece, un crudo recordatorio del precio que algunos pagan por preservar su forma de vida. Su legado sirve como testimonio de la importancia de apoyar a los emprendedores locales y proteger a quienes defienden el turismo sostenible y los derechos consagrados por la Patria Costarricense.